La vergüenza de Arguinegín

El mundo en que vivimos

Arguineguín es el nombre del escándalo. Es donde son recibidos la mayoría de los 18.348 los inmigrantes “ilegales” llegados a Canarias por vía marítima en lo que va de año. En el muelle de Arguineguín llevan semanas más de 2.000 inmigrantes en un “campamento de emergencia” iniciado en mayo que ha ido creciendo hasta llegar a hacinar a 2.600 personas. Los recién llegados, exhaustos luego de varios días de incierta navegación, son “alojados” en el muelle, en condiciones de detención, durmiendo en el suelo, muchos a la intemperie. La mayoría de ellos ni siquiera reciben una mínima asistencia jurídica; no tienen acceso a un abogado; y, cuando lo tienen, carecen de traductores. Con razón lo llaman “el campamento de la vergüenza”.

El escándalo saltó cuando a la policía se le ocurrió (o se lo mandaron) coger a 200 de ellos y dejarlos abandonados a su suerte en las calles de Las Palmas; a su suerte no, a la solidaridad de los vecinos (agua, alimentos, apoyo…), muy por encima de la de las autoridades. ¡Qué vergüenza! La Secretaría de Migraciones les proporcionó un lugar para pasar la noche.

El flujo migratorio a Canarias, luego de tener un perfil bajo durante varios años, se reactivó a raíz del cierre de la ruta entre Libia e Italia, gracias al dinero europeo. Todos sabían que aumentaría a partir de septiembre, por la mejora de las condiciones meteorológicas en la zona, pero nadie hizo nada por crear una infraestructura adecuada y estable para acogerlos. Se han buscado “soluciones” sobre la marcha: Alojarlos en centros turísticos vacíos, en instalaciones militares en desuso…

La mayoría de ellos quieren seguir para otros países de Europa. Pero el Ministerio del Interior, presionado por Europa, se niega trasladarlos a la Península, a donde solo han viajado el 10% de los llegados. Varias Comunidades Autónomas han ofrecido plazas de albergue para ellos, pero Interior se niega a derivar inmigrantes a la Península, salvo personas especialmente vulnerables, como los menores no acompañados, mujeres embarazadas o con bebés, enfermos… El Ministerio del Interior considera que el 90% » de los migrantes llegados a Canarias « son expulsables a sus países de origen », y la Unión Europea piensa que Canarias es un lugar adecuado para un tapón migratorio donde tener a los inmigrantes mientras son deportados.

Eso sí: Interior ha enviado desde la Península unos 250 policías antidisturbios como refuerzo para hacer frente a la presión migratoria en Canarias. Y mandará más en las próximas semanas.

Los ministros se vuelven locos en viajes a Marruecos, Senegal, Mauritania… Diplomacia y dinero para « reforzar la cooperación efectiva »: Evitar que lleguen pateras a Canarias y reactivar y acelerar el ritmo de devoluciones frenado por la pandemia. Nuestras fuerzas de seguridad colaboran por tierra, mar y aire para frenar la salida de embarcaciones hacia las islas.

Ya se han reanudado los vuelos de deportación a Mauritania y Marruecos, que habían sido suspendidos desde el inicio de la pandemia. Gracias al acuerdo bilateral, Mauritania permite la devolución de ciudadanos de ese país o de terceros. Poco importa que se encuentren en un país desconocido, lejano del suyo, sin dinero y sin pertenencias.

La Ley de Extranjería solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes; pero a la policía no le resulta difícil encontrar esas circunstancias: Un delito, el haber invocado una falsa nacionalidad, o que hubiera una prohibición de entrada anterior, o que carezca de domicilio y documentación.

Marruecos, por su parte, ha aumentado las deportaciones desde el Sáhara Occidental de migrantes que pretendían embarcar hacia Canarias… Algunos residían desde hace tiempo en la zona, pero los policías marroquíes los detienen y los embarcan a la fuerza hacia Guinea Conakry, Senegal y Mali y otros países.

Recientemente el Tribunal Constitucional ha respaldado las devoluciones en caliente (en el momento de la entrada al país), reguladas en la Ley de Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”) aprobada por el gobierno del Partido Popular en 2015. Se basó para ello en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo.

La Unión Europea acordó en septiembre pasado un Nuevo Pacto de Migración y Asilo, que consagra las políticas de control y externalización de fronteras. Nada de acogida de personas migrantes y refugiadas. Nada de conceder visados en origen… Por cierto, el Tribunal Supremo de España ha reconocido recientemente el derecho a pedir asilo en las embajadas españolas, según la Ley de Asilo de 2009, que ningún gobierno se ha preocupado de desarrollar ni reglamentar.

Lo último es el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de habilitar 7.000 plazas en Canarias para inmigrantes en campamentos ubicados en colegios, naves portuarias e instalaciones de antiguos acuartelamientos, mientras esperan la expulsión; en ellos se alojaría a los del muelle de Arguineguín y a otros 5.500 que ahora viven en instalaciones turísticas que quedaron vacías por la pandemia y que ahora reciben otra vez visitantes europeos.

Frente al incesante el goteo de pateras a Canarias (que en momentos es aluvión), se pone una vez más en evidencia la mezquindad, insolidaridad y falta de humanidad de España y Europa. Y es inevitable pensar en Lesbos o Moria. Por el momento, Canarias es un vergonzoso ejemplo de cómo formar un polvorín con miles de personas vulnerables.

Waldo Fernández

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