Colombia, una nación marcada por las huellas de miles de caminantes que parten sin rumbo.

El desplazamiento interno marca la historia de nuestro país, es origen y consecuencia de un proceso cruento de dolor y muerte que deja por doquier la huella de derechos humanos vulnerados en millones de colombianos y colombianas; es un crimen de lesa humanidad porque responde no solo a situaciones individuales sino a colectivos, comunidades, poblaciones enteras afectadas. En palabras de la Corte Constitucional proferidas cuando apenas se sospechaba el carácter desmesurado del éxodo forzado que poblaciones enteras han padecido se trata de “una tragedia nacional que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el país durante las próximas décadas” (Corte Constitucional Sentencia 1150 de 2.000)


Colombia es uno de los países con mayor número de desplazamientos internos. Hoy ocupa por cuarto año consecutivo un lugar relevante en víctimas de desplazamiento forzado, ocupando el segundo lugar a nivel mundial con un total aproximado 8.100.000 de víctimas después de Siria que tiene alrededor de 13 millones de víctimas. Le siguen, República del Congo, Somalia, Etiopia, Nigeria y Yemen, (informe ONU -19.06. 2019). El mismo Organismo alertó el año pasado sobre el alto riesgo del aumento de desplazamientos forzados a causas del conflicto interno en el país.
Se podría decir que somos una nación desplazada en donde sobresalen dos grandes acentos como origen del desplazamiento interno: el conflicto armado y la acumulación de riqueza, generados por grupos armados ilegales y por sectores políticos y económicos poderosos del país. Estos dos acentos pretenden justificar excesos de violencia, una estrategia de desplazamientos, masacres, tortura, desapariciones forzados, ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” asesinatos selectivos, minas antipersonas sembradas en los territorios, reclutamiento de personas menores de edad, violencia de género, amenazas, retaliaciones y asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ambientalistas, excombatientes de las FARC, mensajes de urgencia que inducen a las víctimas a abandonar su lugar y partir sin rumbo.


El país ha vivido su acontecer histórico a través de violencias sucesivas hasta llegar a manifestarse sus verdaderas causas enmarcadas en ansias de poder. La hegemonía por la tierra, el acaparamiento y la distribución de grandes riquezas del país, el despojo y desalojo de territorios codiciados por los actores del conflicto, el auge del narcotráfico, la estrategia de reordenamiento territorial, el afán lucrativo de empresas multinacionales extranjeras y nacionales que se apropian y benefician de las riquezas del país, hacendados y latifundistas que defienden los intereses de determinadas élites y se apoderan de grandes extensiones de tierra para ganadería y para grandes cultivos que los enriquecen aún más, a costa del engaño y el desalojo violento de sus pobladores, minería ilegal, proyectos minero-energéticos, minero-petroleros, agro-industriales e industrias madereras así como los inversionistas de tierras, son algunas de estas acciones de poder.


La violencia política partidista entre los años 1946 y 1959 que padeció el país impulsó grandes desplazamientos de comunidades campesinas hacia pueblos y ciudades, llegaron los primeros desplazamientos forzados por conflicto que causaron entre 200.000 y 300.00 muertes y la migración forzosa de más de 2.000.000 de personas. formando los primeros asentamientos, alrededor de las ciudades. En las dos décadas siguientes, años sesenta y ochenta, aumenta este fenómeno por el “fuego cruzado” y la lucha por el control territorial de las zonas rurales, impulsada por movimientos guerrilleros de izquierda con sus propias ideologías políticas y sociales: ELN (Ejército de liberación Nacional) EPL (Ejército Popular de Liberación) y FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) entre otros y en su contra, la ofensiva militar del Estado para impedir este control.


En la década del 90 y comienzos de este siglo, con un punto álgido año 2002 – 2003, se agrava la crisis humanitaria, un período de violencia generado por grupos armados ilegales: AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y otros grupos paramilitares con la complicidad del Estado, comienzan a apropiarse de nuevos territorios en confrontaciones armadas con los grupos guerrilleros. Unos y otros buscan financiarse a costa de secuestros, intimidaciones, amenazas.


Después de las desmovilizaciones de las AUC aparecen más visibles los intereses que se mueven de manera oculta tras los desplazamientos colectivos o individuales de las poblaciones. Desde el 2015 las cifras de desplazamiento interno continúan en aumento afectando no solo comunidades campesinas rurales sino comunidades nativas indígenas y poblaciones afrodescendientes. Período en que aparecen nuevos grupos paramilitares, las AGC (Autodefensa Gaitanistas de Colombia) y grupos delincuenciales en confrontación con grupos de guerrillas y disidentes de las FARC.


El país comienza una etapa de transición y reconfiguración importante con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC en septiembre 2017; hasta nuestros días este período ha sido muy difícil y por momentos desesperanzador, por la polarización del país entre quienes apoyan la paz, luchan por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y quienes pretenden afianzar la ideología de la guerra y mantener el sistema neoliberal.
Somos testigos del aumento creciente de violación de Derechos Humanos, nuevos desplazamientos forzados, el pasado 16 de abril 2020, la Oficina de Naciones Unidas para coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA alertó el desplazamiento de 393 indígenas, más de 100 personas afectadas por minas antipersonas y otros artefactos explosivos no convencionales, igualmente manifestó que entre enero y marzo más de 10.000 personas han sido desplazadas y unas 7.300 están confinadas. Las amenazas, desaparición forzada y asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, defensores de tierras, ambientalistas, excombatientes de las Farc, víctimas de Estado, no cesan. Con más de 500 líderes asesinados en los últimos años, es considerado actualmente crimen sistemático, porque se presume que no son atentados individuales sino un aparato criminal organizado el que está detrás de estos hechos. Es un llamado a “mirar cómo se está realizando en la cotidianidad la persecución y exterminio del liderazgo social en Colombia” expresa el Padre Javier Giraldo s.j. defensor de Derechos Humanos. Según la Organización “Somos Defensores”, en los tres primeros meses del 2020 han sido asesinados 36 líderes y por verificar 26 para un total de 62 víctimas y 14 excombatientes de las FARC de los que ya van desde el inicio de la dejación de armas 190 personas que anhelaban la paz al dejar las armas. En medio de la Pandemia COVID19 van cerca de 23 líderes asesinados, el 29 de marzo una masacre, tres miembros de una familia.

El hacer viva esta memoria histórica, nos conduce a una consecuencia más profunda: la violación generalizada de los derechos fundamentales de las personas, familias, colectivos populares privados de lo esencial de la vida, en particular de vivienda, alimentación, salud, educación, medios de subsistencia. Es doloroso constatar que la población desplazada en su mayoría son mujeres, menores de edad, ancianos y personas discapacitas, porque los hombres adultos y jóvenes en un alto índice han sido asesinados o desaparecidos a la fuerza, arrebatados del seno de su hogar. Son las mujeres Cabeza de familia quienes tienen que hacer frente a nuevas condiciones de vida, a veces inhumanas por la marginación y exclusión social a las que se ven expuestas. Los niños llevaran por épocas las marcas de la guerra y del desarraigo, los abuelos, sienten el despojo aún más fuerte. Son muchos duelos que tienen que afrontar.


Cuando dirigimos nuestra mirada a los derechos humanos, el referente normal es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un marco de referencia importante. La libertad, la justicia y la paz, base del respeto de Derechos Humanos, se tornan débiles en un país donde se vulneran, de manera violenta, los derechos de personas, familias, poblaciones enteras campesinos, indígenas, afrodescendientes, familias inmigrantes cuyas condiciones en zonas urbanas son deplorables.


Lo más difícil para las víctimas es sentir que pierden su identidad personal y su identidad social que tienen que reconstruir a partir de la pérdida. El reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de su familia son violentados. No tienen libertad para circular por sus lugares de convivencia, porque los grupos armados se lo impiden. A las personas y familias desplazadas no se les respeta su libertad privada, ni la de su familia, la privacidad de su domicilio porque son arrancados del interior de su propia casa. No tienen derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas ni al trabajo, y precisamente la muerte de sus líderes implica una ruptura de procesos comunitarios emprendidos, de su tejido social, de sus luchas y reivindicaciones.


El desplazado se ve de un momento a otro expulsado, arrojado de lo que él llamaba la “felicidad” de su lugar, con el dolor y el abandono al que se ven obligados y en muchas ocasiones con el duelo por sus seres queridos que le han sido arrebatados. No alcanzamos a comprender el dolor de las comunidades indígenas dejar lo que para ellos es su “Pacha Mama” la tierra de sus ancestros, su organización familiar y comunitaria, sus plantas medicinales, sus ritos, etc y los colombianos afrodescendientes dejar su cultura festiva, su labor incansable, sus costumbres originarias, su tenacidad para la lucha.


Las personas desplazadas responden a una imposición violenta y no a una decisión tomada en libertad. No tienen literalmente un lugar a donde ir, no buscan un lugar con mejores condiciones, les toca salir de improviso, de urgencia. No son solo desplazados de su tierra o de sus pertenencias, su parcela, su ganado, sus animales domésticos, su casa y escuela, también despojados de su entorno social, de su vida tal como la conocían, sienten que le arrebatan a la fuerza sus raíces y costumbres, la cultura propia, su dinámica comunitaria. Un trato cruel y degradante. Son forasteros que llegan a una comunidad y a un entorno social que no es el suyo. No ven claro su futuro.


En un viaje sin retorno, las familias desplazadas -alrededor del 50%- llegan a asentamientos urbanos, llamados “cinturones de miseria” donde siguen viviendo no solo la afectación de ser víctimas, la ausencia de sus necesidades básicas, el marginamiento social sino situaciones internas en las comunidades donde se instalan que los revictimizan: bandas de microtráfico, paramilitares, guerrilleros ELN, residuos de las FARC, delincuencia común y maltrato policial.


Con esta violencia generalizada se han vulnerado también los derechos de la madre Tierra, además de las graves consecuencias del cambio climático, se ha modificado el paisaje de selvas y bosques, pequeñas fincas cultivadas con variedad de riquezas agrícolas, plantas medicinales, se han convertido en extensas y uniformes extensiones de tierra cultivadas con palma para fines industriales, o se tornan en paisajes desolados, campos abandonados, otros se llenan de cultivos ilícitos, por lo que se podría decir que se han afectado los derechos de la naturaleza, de su ritmo propio, los ríos, los puertos son utilizados como medio de transporte para movilizar droga, insumos, armas, se observan ríos contaminados por residuos químicos y basuras, la fauna, la flora, los peces, a veces al límite del exterminio. “Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva” Papa Francisco LS n.32

Hoy, en nuestro país constatamos que dolorosamente la violencia va en aumento. Continúan familias y comunidades campesinas, tribus y resguardos indígenas, familias y grupos afrodescendientes sintiendo el efecto cruel de esta violencia que no se detiene, día a día aumentan los asesinatos de líderes sociales, sumado a la subvaloración que hace el Estado de sus reivindicaciones y luchas, lo que hace posible la revictimización de sus pobladores.


Es muy preocupante saber que poblaciones alejadas y/o afectadas por el conflicto interno armado, particularmente comunidades indígenas, no tienen acceso a un sistema de salud de calidad para atender la crisis provocada por la pandemia COVID-19, ni mecanismos de control ante bloqueos de vías por grupos insurgentes que impiden a las familias movilizarse, situaciones que reflejan desprotección por parte del Estado e imposibilidad de alcanzar soluciones viables.
Pese a los avances logrados a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad a las que son expuestas las personas desplazadas y a la creación de instituciones estatales, veedurías internacionales y Organizaciones no Gubernamentales ONG, nacionales e internacionales, grupos ambientalistas, Colectivos en defensa de los Derechos Humanos, el apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y la Comisión de la Verdad que velan por el cumplimiento de los derechos de las víctimas humanas y de la madre Tierra, no se logra detener esta violencia generalizada ni atender necesidades de mínimo vital para los desplazados. En palabras de Mauricio García, director del Servicio Jesuíta para los Refugiados en Colombia, “La mayor parte de la atención estatal se está enfocando en la migración de hermanos venezolanos. Existe un desmonte de las políticas estatales de atención a las víctimas” “las ayudas de emergencia y el retorno de las comunidades en este momento prácticamente no se consigue” el desplazado interno en Colombia se está invisibilizando”

Esta múltiple y continua violación a los Derechos Humanos conlleva a exigir al Estado el estricto cumplimiento de sus deberes de respeto, protección y garantía a favor de los derechos de la población internamente desplazada. Hay un problema para poner en práctica las normas de protección por la precariedad de la capacidad institucional para implementar políticas de protección y la asignación insuficiente de recursos para sostenerla. Incide en este proceso el incumplimiento de leyes del Estado inscritas en la Constitución Política de Colombia 1991, y de normas del Derecho Internacional Humanitario; existe un desmonte de las políticas estatales de atención a las víctimas. Las ayudas de emergencia y para el retorno de las comunidades prácticamente no se consiguen.


Como Hermanitas, día a día procuramos acompañar, en red con otr@s, el sufrimiento y la esperanza de los hermanos desplazados, personas, familias que viven en los barrios de las periferias de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y otros lugares a donde acudimos a brindar nuestra cercanía y apoyo según las necesidades manifiestas. El rostro de cada uno de estos hermanos desplazados deja entrever su dolor profundo; cada uno lleva dentro las huellas de una historia que no quiere recordar, y mucho menos repetir. Los acompañamos también en sus sentimientos de marginación y exclusión a que son sometidos y a la desprotección por parte del Estado. Su sufrimiento clama al cielo. Igualmente somos testigos de su esperanza, de sus luchas, de la reclamación de sus derechos, “caminamos con los pobres por caminos de éxodo, de liberación, de alianza” Regla de Vida.n.17. El daño ecológico también es una invitación para nosotras, junto con otr@s, a encontrar otras maneras de cohabitar la tierra y defender sus derechos.
Un poema de Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, nos sirve de conclusión a nuestro compartir, acercándolo a la realidad colombiana:


LOS EMIGRANTES, AHORA
“Desde siempre las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío año tras año y nadan las ballenas en busca de otro mar y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua.
No son libres en cambio los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados “

Gloria Hilda Bohórquez Pinto. Comisión JPIC.
Hermanitas de la Asunción – Colombia

Fotos: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/Fotógrafo:Juan Arredondo,2014 .Yamile Salinas Abdala.  Ana Karina Delgado,2015.  Francisco Vanegas Toro para el CNMH 2013  Fotógrafa: Natalia Botero

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