La nueva Administración norteamericana ha elaborado a principios de febrero un borrador de orden ejecutiva para suspender dos disposiciones de la Ley Dodd-Frank, la norma legal que obligaba a las empresas en su territorio a controlar el origen de materias primas como el oro, los diamantes, el estaño, el tungsteno, el cobalto y el tantalio, materiales utilizados en la industria aeroespacial y militar, la electrónica, la informática, la telefonía móvil y la alta joyería.
La sección 1502 de la Ley Dodd-Frank prevé que las empresas que cotizan en la Bolsa en Estados Unidos comprueben si los minerales anteriores utilizados en sus productos han servido para financiar a grupos armados y fomentar el conflicto en la República Democrática del Congo y los países vecinos. La sección 1504 de esta Ley se refiere a la provisión de transparencia al establecer que todas las empresas petrolíferas, de gas y mineras están obligadas a presentar un informe anual a la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. en el que se revelen los pagos efectuados a los gobiernos extranjeros para extraer recursos naturales.
La suspensión de ambas disposiciones abre la posibilidad a un comercio violento y corrupto de minerales en detrimento de las comunidades africanas empobrecidas y de la sostenibilidad medioambiental.
Boletín de la Comisión General de Justicia y Paz en España. nº41 2017
