Situación de las comunidades del Occidente Antioqueño

Las congregaciones, iglesias, diversas espiritualidades, comunidades de fe nacionales y redes
internacionales solidarias, que firmamos este comunicado, damos respuesta al llamado de urgencia
que nos han hecho las Misioneras de la Madre Laura de la Provincia de Medellín, ante los graves
hechos que vienen padeciendo las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas,
principalmente del Occidente Antioqueño. En general, las principales afectaciones por la
intensificación del conflicto armado, en el contexto de la disputa territorial entre el “ELN” y las
“AGC” en el territorio son: reclutamiento de menores, instalación de minas antipersonales,
amenazas a líderes y comunidades, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamientos y abusos
sexuales.
A raíz de la difícil situación que padecen las comunidades hemos constituido la red Solidaridad
Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia (SIZOCC), en comunión pastoral con la
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y las diócesis de Apartadó, Quibdó y de Itsmina-Tadó;
también con la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia en los municipios de Dabeiba y Frontino,
y con la Iglesia Presbiteriana en el municipio de Dabeiba junto a organizaciones y redes solidarias
de Colombia y del mundo.
Desde nuestra fe, mujeres y hombres motivados por nuestra religiosidad que nos llama a la
solidaridad, a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz, al cuidado de nuestra ‘casa común’,
queremos destacar los siguientes hechos:

  1. Como lo ha dado a conocer la OIA (Organización Indígena de Antioquia), desde febrero del 2021
    y hasta el 13 de julio 2021, han sido víctimas de heridas, amputaciones y muertes por minas
    antipersonal: en el Resguardo Rio Murindó (Murindó), el niño Plinio Dogarí Majoré, estudiante
    indígena del colegio regentado por las Misioneras de la Madre Laura, quien sufrió la amputación de
    su pierna derecha (feb 2021); el guardián indígena Higinio Bailarín perdió la vida al explotarle una
    mina antipersonal, cuando auxiliaba a Eulalia Bailarín, víctima de otra mina de esas características,
    quien resultó herida; en la comunidad de Bachidubi, del Resguardo Rio Murindó (Murindó),
    Remilda Benítez Domicó, perdió la vida tras caer en un campo minado; su hija menor de edad,
    sobrevivió a la explosión, aunque quedó con algunas heridas (20 junio 2021); Diego Bailarín
    Carupia, miembro de la comunidad indígena de Murindó, quedó herido de gravedad en un campo
    minado (13 julio 2021).
  • La OIA atribuye la responsabilidad de estos hechos dolorosos a la guerrilla del “ELN”, que
    ocurren luego de circular un audio, de alguien que habla a nombre de esa insurgencia, advirtiendo a
    los resguardos de Murindó, Frontino y Dabeiba que no deben andar por los caminos debido a
    amenazas de los paramilitares que, según ese mensaje, están sembrando minas, con lo que justifican
    la instalación de lo que llaman “minas defensivas”. Según la OIA, 10 personas han perdido la vida,
    8 más han sido heridas y dos han resultado mutiladas en sus extremidades inferiores, desde el año
    2020 hasta lo que va del 2021.
  • También, como lo ha reconocido el propio gobierno, la estructura sucesora del paramilitarismo,
    “AGC”, es responsable de siembras de minas antipersonal, confinamientos, desplazamientos
    forzados, amenazas a líderes y al conjunto de las comunidades.
  1. En la comunidad indígena de Amparradó Popalito (Dabeiba), el 6 de abril 2021, fue asesinado el
    Jaibaná Rafael Domicó, quien apoyaba el colegio indígena, también regentado por las misioneras de
    la Madre Laura, donde compartía sus saberes con los estudiantes. Este crimen sigue en la
    impunidad y las religiosas no han podido adelantar su misión porque los caminos de acceso se
    encuentran minados.
  2. En el Corregimiento La Blanquita (Murrí/Frontino), se ha conocido de la presencia de grupos
    armados ilegales como las “AGC”, en áreas donde hay presencia del ejército y de la guerrilla del
    “ELN”. La recurrencia de acciones armadas de estos grupos en las áreas limítrofes entre Dabeiba y
    Frontino, ha generado desplazamientos internos, amenazas selectivas a líderes, confinamientos por
    minas antipersonal, situaciones de deserción escolar y reclutamiento forzado. Además, en este
    contexto, preocupan los recientes sobrevuelos de un helicóptero, que hace parte de actividades de
    exploración minera a gran escala en la región.
  3. En Jericó, suroeste antioqueño, pueblo natal de Santa Laura Montoya Upegui, algunas
    organizaciones comunitarias y algunas autoridades del departamento han denunciado, a partir de
    estudios, los daños a los ríos, las montañas y el subsuelo por la explotación de cobre adelantada
    dentro del proyecto Quebradona. Las afectaciones a la ‘Casa Común’, son de nuestra especial
    preocupación, tal como lo ha manifestado el Papa Francisco en las Encíclicas Laudato Si y en
    Fratelli Tutti.
  4. En los municipios de San José de Uré y Montelíbano (Córdoba), se vienen adelantando proyectos
    de explotación de Níquel en Cerro Matoso, afectando a las comunidades indígenas con quienes
    adelantan su labor pastoral las Misioneras de la Madre Laura; y en el corregimiento de Versalles
    siguen adelantando actividades de exploración de minerales, en momentos en que ocurre el
    desplazamiento forzado de población indígena a otras comunidades.
  5. En el municipio Santa Cecilia (Chocó), límites con Risaralda, lugar de misión de las Lauritas, en
    mayo de 2021, se encontraban por lo menos 80 familias desplazadas del Alto Andágueda,
    padeciendo una difícil crisis humanitaria. En el área donde fueron desplazados, hay explotación
    minera, se imponen economías ilegales y persiste la presencia de distintas estructuras armadas.
  6. Preocupa altamente que, en las comunidades rurales de Mutatá (Antioquia), como en las
    cabeceras municipal y corregimentales donde se presentan los hechos nombrados, se dan
    operaciones de civiles armados, de estructuras ilegales sucesoras del paramilitarismo, sin que las
    Fuerzas Armadas y de Policía lo impidan; allí opera la guerrilla del “ELN”.
    Por lo anterior:
    I. Adelantaremos una agenda de Misión Humanitaria, iniciando en la región del Occidente
    antioqueño, particularmente en los municipios de Dabeiba y Frontino, como una posibilidad de
    escuchar, acompañar, brindar apoyo moral y solidaridad humanitaria ante esta crisis que
    padecen las comunidades. Para ello, solicitamos la presencia de diferentes organizaciones
    nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del Derecho Internacional
    Humanitario, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y de
    la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de Naciones Unidas en Colombia.
    II. Al “ELN” y a los diferentes actores armados presentes en los territorios, hacemos un llamado al
    respeto pleno del Derecho Internacional Humanitario y a cesar la siembra de minas
    antipersonal que están generando graves afectaciones a la vida y a la integridad personal de
    comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
    III. A las autoridades colombianas:
    -El Desarrollo del desminado humanitario de modo que no se implique a las comunidades en el
    conflicto.
    -Que el gobierno responda con su obligación de brindar la ayuda humanitaria requerida a las
    comunidades en situación de confinamiento y desplazamiento forzado.
    -Que se suspenda todo tipo de actividad minera a gran escala, hasta tanto se desarrolle con las
    comunidades el proceso de consulta previa, libre e informada que, como es evidente, es imposible
    adelantar en las condiciones de confinamiento o desplazamiento forzado.
    -Retomar con urgencia los diálogos con el “ELN”, y retomar acercamientos con otros actores
    armados, a los cuales se les exige verdaderos signos de compromiso con la paz.
    -Avanzar en acuerdos humanitarios locales, con el consentimiento de las comunidades indígenas,
    campesinas y afrodescendientes de las regiones.
    -Adelantar su labor constitucional de combatir y desmontar estructuras sucesoras del
    paramilitarismo en áreas de operación de la Fuerza Pública donde, a pesar de la presencia de las
    autoridades, no se evidencian actuaciones efectivas tendientes a su desmantelamiento.
    -A las autoridades departamentales y municipales, ejercer efectivamente sus obligaciones
    constitucionales en lo referente a la coordinación institucional para atender de modo integral la
    crisis humanitaria y de derechos humanos que padecen las comunidades.
    -A la Defensoría del Pueblo actualizar las alertas tempranas de la región y ejercer sus
    funciones constitucionales para garantizar los derechos humanos, el derecho internacional
    humanitario y la atención humanitaria de las comunidades afectadas.
  • A la Procuraduría General de la Nación, romper su silencio frente a las actuaciones de los grupos
    armados y la posible responsabilidad por acción, omisión y aquiescencia de la Fuerza Pública en la
    situación que padecen las comunidades.
    Con profunda preocupación y afincados en la esperanza de que la vida prevalecerá sobre la muerte,
    suscribimos:
    Mons. Orlando Corrales García, Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia.
    Mons. Juan Carlos Barreto, Diócesis de Quibdó
    Mons. Mario Álvarez, Diócesis de Itsmina-Tadó
    Mons. Hugo Torres, Diócesis de Apartadó
    P. Neid A Marín Bedoya, Delegado de Pastoral Social Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
    Misioneras de la Madre Laura Provincia de Medellín
    Álvaro Jiménez Millán
    Equipo de Animación Diálogo Interreligioso e Intercultural- Medellín
    Andrés Caicedo, Obispo de la Iglesia Colombiana Metodista
    Atahualpa Hernández, Obispo de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia
    Iglesia Presbiteriana de Colombia
    Gloria Ulloa copresidenta del Consejo Mundial de Iglesias, CMI, Región América Latina y Caribe
    Asociación de Presbíteras Católicas Romanas ARCWP
    Centro de Fe y Culturas-Medellín
    Coordinación Gran Alianza Global Convida20
    Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero –
    SICSALEvangelio en Pijama- Comunidad de Fe, Medellín
    Signos de Vida- Comunidad de FE, Medellín.
    Mesa Ecuménica por la Paz MEP
    Iglesia Presbiteriana de Colombia
    Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC
    Citizens’ Climate Lobby, Colombia
    Movimiento Católico Mundial por el Clima, Capítulo Medellín
    Asociación de Presbíteras Católicas Romanas ARCWP
    Casa Bíblica Laureles, Medellín
    José Fabio Naranjo, Asesor Equipo Profesionales Católicos de Colombia

Colombia, 20 de Julio de 2021.

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