El Salvador está viviendo la crisis hídrica de forma especialmente dramática ; según algunas estimaciones de ámbito moderado, más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas. El país es pequeño con una alta densidad de populación, por lo tanto, está expuesto a una vulnerabilidad extrema de los efectos de las catástrofes naturales y de la degradación medioambiental.
La oposición de la populación a la extracción de metales es generalizada en todo el país. Esta oposición se ha alimentado en gran parte por un famoso caso donde una compañía minera contaminó el Río San Sebastián con niveles tóxicos de cianuro y hierro, causando consecuencias devastadoras en la suministración hídrica del país. Las experiencias catastróficas de las actividades de explotación de los recursos naturales de los países vecinos, Honduras y Guatemala, van sirviendo de advertencia para los salvadoreños, quienes buscan a proteger sus propias cuencas hídricas.
En este contexto, la compañía minera Pacific Rim, desde su adquisición por la OceanaGold, planificó explotar una mina de oro junto al Río Lempa con un proyecto denominado “El Dorado”. La población se opuso energéticamente al proyecto, provocando muchas tensiones que acabaron con en el asesinato
de tres miembros de la comunidad opuesta a la explotación minera. En el año 2004, la compañía solicitó un permiso de explotación que le fue negado por no haber cumplido con el procedimiento solicitado. En lugar de atenerse a las políticas salvadoreñas, la compañía optó por llevar a juicio el estado salvadoreño por una pérdida de inversiones y ganancias futuras de un valor de $ 301 millones pasando por un tribunal del Banco Mundial.
En el año 2008, el presidente de El Salvador declaró una moratoria de facto sobre todos los nuevos permisos de explotación minera hasta que no se definiera cómo gestionar las actividades de explotación sin perjudicar permanentemente el suministro hídrico. La moratoria se mantiene al día de hoy.
El Salvador es una nación pobre con necesidades sociales y económicas urgentes. Aunque el Banco Mundial falló a favor de El Salvador en el 2016, esto se ha vuelto un caso paradigmático donde las compañías confían en acuerdos y tratados de inversiones con disposiciones retorcidas para eludir las leyes nacionales y comprometer las determinaciones de política soberana del Estado sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
